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El jueves 8 de octubre, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Este llevó adelante la Jornada sobre Justicia Constitucional, Vulnerabilidad y Sectores Vulnerables, un encuentro académico dedicado a analizar los mecanismos jurídicos e institucionales para garantizar los derechos fundamentales en contextos de desigualdad y desprotección.
La actividad se desarrolló en modalidad híbrida, con sede presencial en el Auditorio 3 de la Universidad del Este, en La Plata, y transmisión en vivo a través de la plataforma Meet. Participaron especialistas, magistrados, docentes e investigadores de Argentina y otros países de la región, cuyas experiencias académicas y profesionales aportaron distintas perspectivas sobre los desafíos actuales de la Justicia Constitucional.
Durante la jornada se analizó el concepto jurídico de vulnerabilidad y su recepción constitucional y convencional, junto con los mecanismos de protección de los derechos fundamentales y el rol de la Justicia Constitucional frente a situaciones de especial desprotección. Los intercambios abordaron los obstáculos para el acceso efectivo a la justicia y la necesidad de fortalecer las respuestas judiciales e institucionales, desde una perspectiva transversal que integrara la igualdad, la inclusión y la protección de los derechos fundamentales.
Entre los temas tratados se destacó el acceso a la salud y a los medicamentos, las dificultades económicas para afrontar determinados tratamientos y las barreras para acceder a prestaciones sanitarias. En este marco, se planteó la importancia de garantizar el acceso a tratamientos esenciales sin que la vía judicial constituya necesariamente la única alternativa, así como de mejorar la información disponible para facilitar el ejercicio de los derechos en materia de salud.
También se analizaron la protección de niños, niñas y adolescentes, el rol de los asesores de menores y los abogados del niño, y el derecho a la vivienda, con especial atención a las respuestas que corresponden al Estado frente a situaciones de desprotección.
La seguridad social y la inclusión previsional formaron parte de la agenda, junto con el análisis de la Ley 27.260, la denominada dualidad normativa y antecedentes judiciales como los casos Sánchez, Badaro y Blanco. A su vez, se examinaron el papel de la Administración pública y las políticas estatales en la garantía de derechos, así como la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales para responder a las vulneraciones que se producen en los ámbitos económico y social.
Otro de los ejes fue el acceso a la justicia desde una perspectiva de género, donde se abordaron situaciones que afectan a mujeres migrantes, mujeres adultas mayores y personas atravesadas por la violencia familiar, a partir del concepto de interseccionalidad y de cómo la concurrencia de distintas condiciones de vulnerabilidad puede profundizar las dificultades para ejercer derechos.
También se analizaron la violencia en el empleo público, la aplicación de la Ley Micaela y el lenguaje técnico-jurídico como una posible barrera para comprender los procedimientos y acceder a la protección judicial. En este sentido, se planteó la importancia de que las instituciones revisen sus formas de comunicación para facilitar el conocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos.
En relación con los desafíos tecnológicos, el Dr. Martín Julián Sequeira, docente e investigador especializado en Derecho y Tecnología, prueba digital, inteligencia artificial y protección de datos personales, expuso sobre violencia de género digital y deepfakes. Su presentación incluyó los desafíos jurídicos y probatorios de estas prácticas, la prueba informática, la Ley Olimpia y el régimen penal juvenil, con referencias a casos contemporáneos que afectan especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. La exposición permitió considerar las dificultades para identificar estas agresiones y brindar respuestas jurídicas adecuadas frente a formas de violencia que se desarrollan en entornos digitales.
La jornada contó con referentes de diversas especialidades jurídicas y ámbitos en Derecho Administrativo y Constitucional participaron el Dr. Rubén Flores Dapkevicius, profesor de Derecho Público de la Universidad de la República de Uruguay; el Dr. Alberto Biglieri, docente de la UNLZ y la UBA y director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal; y el Dr. Javier Indalecio Barraza, doctor en Derecho por la UBA y profesor de Derecho Administrativo y Público.
También formaron parte del encuentro el Dr. Hernán Lombardia, profesor de la Universidad del Este, la UNLP y la UNLZ; el Dr. Carlos Galina, especialista en Derecho Administrativo, regulación y Derecho Constitucional; el Dr. Carlos Nicolás Méndez, profesor de la Universidad del Este y la UNLZ; la Dra. Vanina Gisela Barbieri, especialista en Derecho Administrativo; y el Dr. Lucas Javier Precioso, juez de Faltas de Tres de Febrero y director del Instituto de Derecho Municipal del Colegio de Abogados de San Martín.
Desde el campo de los Derechos Humanos, el Derecho Penal y la Justicia Constitucional participaron el Dr. Franklin Romero Castillo, especialista en Derecho Penal, Justicia Transicional y Derechos Humanos; el Dr. Benny Marquez, profesor e investigador de la Universidad Bicentenaria de Aragua; el Dr. Luis Gerardo Ruiz Chiroque, académico peruano especializado en Derecho Internacional y Derecho Penal Económico; y el Dr. Juan Carlos Mey, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal.
La perspectiva judicial y la protección de personas en situación de vulnerabilidad estuvieron representadas, además, por el Dr. Federico José Gallo Quintian, juez en lo Contencioso Administrativo de La Matanza y especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos; el Dr. Misael Mario Abraham, juez de Paz Letrado de Roque Pérez, con actividad académica vinculada a los derechos de niñas, niños y adolescentes; y la Dra. Rocío Gallardo, especialista en Derecho Penal y Criminología, quien se desempeña en el Juzgado de Garantías del Joven N.º 1 de Morón.
La convocatoria incluyó asimismo al Dr. Arturo Capalbo, abogado y comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; al Dr. Juan Martín Palacios Fantilli, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, Paraguay, y especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos; al Dr. Eduardo Parola, auxiliar letrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Matanza; al Dr. Facundo Fernández Araujo, director del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos Penales y docente universitario; y a la Dra. Ana Laura Mansilla, especialista en Derecho Constitucional y docente universitaria.
La diversidad de trayectorias reunió experiencias vinculadas con la magistratura, la Administración pública, la investigación, la docencia y el ejercicio profesional, en torno a los mecanismos de protección de los derechos fundamentales y las dificultades que persisten para garantizar su ejercicio efectivo.
El encuentro estuvo dirigido a estudiantes y graduados de Abogacía, docentes, abogados, magistrados, funcionarios judiciales y administrativos, investigadores y profesionales interesados en la Justicia Constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Con esta iniciativa, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Este propició un espacio de intercambio entre la formación académica y la experiencia judicial y profesional, centrado en los desafíos que plantea la garantía efectiva de los derechos, especialmente para las personas y los colectivos en situación de vulnerabilidad.
-Octubre, 2026